¿Universitarios rentables?

La OCDE acaba de publicar uno de sus interesantes informes donde compara país por país en algunas magnitudes básicas de desarrollo, en este caso educación. Education at a glance hace honor a su nombre y se puede consultar libremente aquí, muy bien expuesto. Los datos son del curso 2007/2008.

Una de las conclusiones más claras que se extraen es que España forma a universitarios que su mercado laboral no puede acoger. Entre los titulados superiores españoles en la franja de 25 a 29 años un 44% está con un trabajo inferior a su formación, frente a un 24% de media en los países de la OCDE, que tampoco es para tirar cohetes.

El dato muestra muchos relieves. Por ejemplo, que entre que se acaban los estudios y se encuentra una posición adecuada hay un vacío laboral del que es muy difícil salir, porque se alarga hasta bien entrada la treintena. Es la famosa generación de los teleoperadores con licenciatura. Este fenómeno indica un problema estructural de la educación en España, un sumidero de fondos públicos y un despropósito como país.

El licenciado -ahora, Bolonia mediante, graduado- sale al mercado laboral pensando que tiene un puesto de trabajo esperándole, pero el mercado laboral no es así. En un país que vivía del boom de la construcción lo que se necesitaba eran técnicos con formación de FP, pero esta enseñanza siempre ha estado desprestigiada en España. Y eso que mucha gente va a la Universidad pensando en elevados sueldos, cuando estos son mucho más comunes entre técnicos bien formados.

La creacción del Estado autonómico propició la proliferación de Universidades por todas partes. Cada Comunidad Autonóma quería tener la propia, y así fue. Que después esos licenciados tuviesen que emigrar a la ciudad dinámica más cercana con su título de universidad de provincias bajo el brazo no interesaba a los políticos locales, que pensaban que iban a retener la juventud creando la institución. Y cuando todas las CC.AA tuvieron su Universidad, cada ciudad en torno a los 100.000 habitantes quiso tener su campus. O una Universidad.

Se ha producido así fenómenos tan curiosos como que en un radio de 100 kms entre Alicante y Murcia se pueda estudiar Derecho en hasta seis centros diferentes entre públicos y privados. O que, como recordaba hace poco el muy inteligente Ministro de Educación Angel Gabilondo, en Madrid haya más estudiantes de Derecho que en todo el Reino Unido. Madrid, 6´6 millones de habitantes. Reino Unido, 60 millones. Y así con muchas otras titulaciones, aunque merecería un tratamiento aparte esta obsesión con el "Derecho".

Evidentemente, aquí no influye nuestro modelo productivo, es sencillamente un problema de oferta y demanda. España fabrica muchos licenciados y muy pocos técnicos. Y es difícil la reconversión de los primeros en los segundos, aunque cada vez se da más frecuentemente el fenómeno de un licenciado que se matricula en FP para tener un oficio. Estaría bien conocer la estadística, pero no se si existe, aunque la conclusión es evidente: una dilapidación del dinero público por una mala planificación.

Considerando que la mayor parte de los licenciados lo son por universidades públicas, donde el interesado paga únicamente el 20% del coste total de su formación (y esa también es otra pata del problema), el problema se atajaría en la oferta, cancelando titulaciones. El problema es que se han creado Universidades, y sus departamentos inherentes, con su buena cantidad de funcionarios en categorías que van desde Catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Huelva con Profesor Asociado. Evidentemente, no se pueden despedir, por esas cosas del Derecho Administrativo.

La solución sería a largo plazo: no convocar más plazas y dejar que se vayan extinguiendo, pero ninguna CC.AA querrá que le cierren su preciosa Universidad, a pesar del sumidero de recursos que supone. Las Universidades han llegado y ahí se van a quedar: ahora con la caída de la natalidad algunas lo están pasando francamente mal para lograr una matrícula digna, pero les da igual. Como no se rigen por criterios de mercado, sino por la pura y dura subvención pública que no rinde cuentas, seguirán pidiendo fondos para compensar la caída de matrículas, en vez de hacer un ERE como sería lo lógico.

Y si no se puede actuar desde la oferta, y la demanda es difícil que se active (¡cambio de modelo productivo! ¿Cúantas generaciones lleva eso? ¿Ese cambio hará que se asuman todos los licenciados en Derecho?) esto tiene una solución muy difícil. Al Estado, al parecer, le salen las cuentas: por cada euro invertido en Educación a lo largo de todas las etapas formativas -tengan en cuenta que la educación es obligatoria hasta los 16 años, y lo paga el Estado- dicen que vuelven tres al erario público.

Cada titulado superior acaba pagando al fisco, a lo largo de su vida laboral, una media de 141.000 euros en impuestos, el doble de lo que ha costado su formación. En el resto de la OCDE es el triple, pero aquí se cotiza menos. El dato tiene trampa, porque muchos de esos titulados superiores, como se ha explicado más arriba, se acaban colocando -y el proceso va a seguir así mucho tiempo- en puestos de categoría inferior y, consecuentemente, con bases de cotización inferiores. Pero bueno, no le quitemos la ilusión a algunos, que se atreven a afirmar muy alegremente que "los universitarios son rentables".

Así, en general, es mentira. Menos universitarios y más formados son más rentables. Más técnicos y con cualificaciones más acordes al mercado laboral son también más rentables. No parece que sea la situación de España. De hecho, en el Doctorado el panorama es desolador. En España mucha gente se engancha al Doctorado como continuación a su licenciatura porque, como no aprende una profesión y su única profesión es estudiante a tiempo completo -la media de españoles que compatibilizan estudios y trabajo es muy baja, al revés de otros países con una cultura de trabajo más asentada-, parece la opción más lógica. También por su bajo precio.

Bueno, que cada uno haga con su tiempo lo que quiera. El problema es cuando son estudiantes de doctorado becados, bien sea con las becas FPI o FPU, de formación de personal investigador o de formación de personal universitario. Únicamente un 45% del total de los agraciados con una FPI (cuatro años a una media de 1.350 euros mensuales, matrícula gratis: una pasta para el Estado) acaba presentando la tesis. Y en FPU, sólo el 38%. Lo pueden leer aquí. 2.000 becas al año.

Y eso que el estudio contempla hasta 5 años desde que inician el proceso, esto es: un año suplementario a lo normal. La medida más normal sería que estos caraduras devolviesen el dinero con el que el Estado les ha pagado sus vacaciones en la gran ciudad, sus viajecitos de ejecutivo a congresos y todo eso, pero no parece que vaya a ser así. Esto es consecuencia de la subvención pública: en España hay un acendrada tradición de atacar el sistema de estudiar por créditos bancarios de los países anglosajones, pero precisamente el saber que te estás jugando tus futuros ingresos hace que seas más responsable con lo que te estás jugando. Evidentemente, cuando el dinero no es tuyo, se logran esos porcentajes de fracaso del 55% y del 62%, que tienen cojones.

No siempre se puede llegar a una conclusión académica, pero cuando ya vas becado tienes el camino expedito para presentar la tesis. Casi siempre, cum laude por unanimidad. No parece que sea así, o que al doctorando le interesa acabar. Y el que acaba, a mendigar hasta la cuarentena un puesto fijo. O emigrar, con lo que estaríamos formando a gente que después aplicará esos conocimientos, y cotizará, fuera de nuestro país. Como ven, un sistema brillante y magníficamente planificado.

Como esto es una vergüenza y un despropósito, una de las medidas que quiere tomar el Ministerio es reducir el periodo de Doctorado a tres años. Eso acortaría la agonía, lo que no está nada mal, pero de nuevo se sigue sin abordar que si se sigue con 2.000 becas al año el mercado no va a poder asumirlos. También dejar la calificación en "apto" o "cum laude", porque ya era un cachondeo. Sólo son parches, porque la única solución es reducir la oferta: que sólo hagan el Doctorado los más brillantes, cosa que ahora no pasa, dado que a todo el mundo le asusta que le ponga la etiqueta de elitista, cuando lo único que se quiere es ser más eficiente.

Al final hay que ir a la cuestión de fondo. ¿Para que quiere España tantos licenciados? ¿Los necesita? ¿Para que quiere formar científicos? El sistema es ruinoso en sus objetivos y resultados, y ni siquiera queda el consuelo de que esté formando mejores ciudadanos, porque no creo que pueda ser mejor ciudadano alguien que considera que le tiene que estar esperando una plaza de trabajo en propiedad, aspiración final no confesada de todos los que se meten en estos berenjenales.